Si debido a una deficiente conservación del pavimento o a un error en un centro de salud, ocurre un accidente en la calle, cualquier ciudadano tiene el derecho de reclamar a la Administración y recibir compensación por los daños sufridos.
Sin embargo, en ocasiones, este proceso no resulta sencillo y se hace necesario recurrir a la Justicia para hacer valer los derechos. En las líneas siguientes, se explicará cuándo y cómo es posible presentar una reclamación o interponer un recurso ante la Administración pública.
Todo lo que debes saber para poner reclamaciones en la Administración Pública
La Constitución española establece en su artículo 106.2 que los ciudadanos tienen el derecho a reclamar y recibir indemnización por el daño sufrido en bienes o derechos, debido al funcionamiento de los servicios públicos.
Por lo tanto, todas las administraciones públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y cualquier entidad vinculada o dependiente de otras administraciones, tienen la obligación de atender las reclamaciones y compensar a los ciudadanos afectados.
Existen diversas situaciones en las que se puede presentar una reclamación. Algunas de ellas incluyen:
Lesiones sufridas en la calle o en un edificio público debido a su mal estado de conservación.
Daños causados por la ejecución de obras públicas, entre otras situaciones.
Los perjuicios ocasionados por la Administración pública, que pueden considerarse como un «funcionamiento anormal» de un servicio público.
Cuando la acción o la inactividad de la Administración afecta a los bienes materiales, derechos o integridad física de un ciudadano, éste tiene el derecho de presentar una reclamación y, en algunos casos, incluso recibir una indemnización.
Para presentar una queja, los ciudadanos deben dirigirla al órgano administrativo que les haya perjudicado, ya sea el ayuntamiento, la diputación, etc. El procedimiento de presentación es el siguiente:
Reclamación de responsabilidad patrimonial: lo primero que se debe hacer es presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el organismo administrativo que se cree responsable del daño. Si este deniega la indemnización, se podrá solicitarla ante la justicia. El plazo para presentar la reclamación es de un año desde que se produce el hecho.
Al presentar la reclamación, es importante que se identifique con claridad a la persona que sufrió el perjuicio y se especifique de manera detallada el daño o lesión concreta que padeció.
Para respaldar la reclamación, es importante que se adjunten todas las pruebas pertinentes de las que se disponga, según el tipo de daño que haya causado la administración.
Plazo de resolución: la administración tiene que resolver el expediente en un plazo máximo de seis meses desde que el escrito de la reclamación entra en el registro.
En caso de que la administración deniegue la indemnización, se puede interponer un recurso ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es importante destacar que para llevar a cabo esta acción se requiere que el interesado cuente con la representación y asistencia técnica de un abogado.
Si el ciudadano considera que un organismo público ha violado alguno de sus derechos, puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Sin embargo, para presentar una queja al Defensor del Pueblo sobre la actuación de una administración, es necesario haber presentado previamente una reclamación ante dicha administración.
Las reclamaciones se pueden presentar en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de una entidad integrante de la administración local, en las oficinas de Correos, y desde fuera de España, en las representaciones diplomáticas o en las oficinas consulares en el extranjero.
